El Tribunal A de Mayor Riesgo determinó en una sentencia que siete autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango, fueron criminalizados por resistirse a la implementación de proyectos hidroeléctricos.

El fallo, emitido en julio de 2016, permitió que las autoridades comunitarias recobrarán su libertad inmediatamente tras estar entre uno y dos años en prisión.

“En los hechos juzgados no se produjeron delitos. Se dieron acciones que dan a conocer la conflictividad entre los pobladores, que los ha llevado a ejercitar los derechos de asociación,libre expresión del pensamiento y protesta en forma pacífica”, argumentó Yassmin Barrios, presidenta del tribunal.

Entre las pruebas que usó el tribunal para fundamentar su sentencia, figuraron peritajes que evidenciaron que los líderes indígenas fueron sometidos a un caso de criminalización según los estándares internacionales y que ellos únicamente cumplían con su rol como autoridades comunitarias.