El 31 de enero de 1980, dentro de la Embajada de España murieron calcinadas 37 personas. Eran campesinos, estudiantes y diplomáticos. La mayoría, pobladores de Quiché, pretendían denunciar los crímenes que en ese entonces cometía el Ejército.

En 2009, un tribunal guatemalteco emitió la primera condena por desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado interno.

Bernardo Caal es un líder indígena de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, que se ha resistido al funcionamiento de la hidroeléctrica Oxec.

El Tribunal A de Mayor Riesgo determinó en una sentencia que siete autoridades comunitarias de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia, Huehuetenango, fueron criminalizados por resistirse a la implementación de proyectos hidroeléctricos.


José Efraín Ríos Montt, a través de un golpe de Estado, llegó al poder en marzo de 1982 y fue derrocado en agosto de 1983. Durante su gobierno ejecutó tres estrategias militares: Victoria 82, Plan Sofía y Firmeza 83.

Laguna Larga es el nombre del lugar en el que vivían 111 familias. En junio de 2017, fueron desalojadas de este sitio ubicado en San Andrés, Petén, por una solicitud del Consejo Nacional de Áreas Protegidas.

Una mancha roja en el Lago de Izabal hizo que la gremial de pescadores del Estor buscara dialogar con autoridades estatales, pero en las mesas técnicas que se conformaron nunca fue discutido el tema, menos solucionado.

Un pelotón de kaibiles irrumpió en la comunidad Dos Erres, Petén, en diciembre de 1982. Los militares asesinaron a 201 habitantes de este parcelamiento.

Samuel Choc es una autoridad indígena de Las Mercedes I, una comunidad de Chisec,Alta Verapaz. Ha sido detenido dos veces por las denuncias de dos empresas de palma africana. Junto con otros pobladores se resiste a vender sus tierras a esta industria.

Un incendio ocurrido dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción dejó sin vida a 41 mujeres adolescentes. Otras 15 resultaron heridas por las llamas. La tragedia ocurrió el 8 de marzo de 2017.