En 2009, un tribunal guatemalteco emitió la primera condena por desapariciones forzadas ocurridas durante el conflicto armado interno. El comisionado militar Felipe Cusanero fue sentenciado a 150 años de cárcel por la desaparición de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, habitantes de la aldea Choatalum, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.

Entre noviembre de 1982 y octubre de 1984, Cusanero llevó, junto con otros militares, a los seis pobladores al destacamento militar de la zona. Desde entonces se desconoce su paradero.